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Por Becker Márquez Bautista
Hace aproximadamente dos años le solicitamos al señor presidente Luis Abinader que relanzara el gobierno; que revisara el comportamiento de esos faraones y faraonas que, en su nombre, cometen atropellos contra los dirigentes que no les rinden pleitesía. No se nos hizo caso, y hoy se empiezan a cosechar los resultados. Ya podemos observar los cacerolazos, los respectivos llamados a marchas y huelgas, y más tensiones sociales que se avecinan en los próximos meses. Le reitero, señor presidente: relance el gobierno, revise el comportamiento de su entorno, abra los ojos y escuche. Lo que le viene no es poca cosa y se requiere de ciudadanos y ciudadanas con verdadera experiencia de Estado.
En el debate político y en la administración pública, la palabra «improvisación» suele utilizarse como el insulto predilecto para descalificar las acciones de un gobierno. Se nos ha enseñado a temerle a lo imprevisto, asumiendo que todo paso fuera de un manual es sinónimo de fracaso. Sin embargo, debemos ser justos y separar la paja del trigo: la improvisación no es inherentemente mala, siempre y cuando su fin sea positivo y sirva para dar respuestas rápidas ante las crisis que no avisan.
En muchas ocasiones, la capacidad de improvisar no es más que agilidad mental, resiliencia y talento para resolver sobre la marcha cuando los planes originales colapsan. Un Estado dinámico necesita servidores públicos que sepan pensar fuera de la caja cuando la burocracia se estanca.
Lo verdaderamente perjudicial, el verdadero cáncer de la administración pública, no es la adaptación rápida, sino la incapacidad y la dejadez. Es esa parálisis institucional de quienes ocupan un cargo sin tener la más mínima idea de qué hacer con él. Cuando un funcionario carece de la preparación, de la voluntad y del sentido común para gestionar las necesidades del pueblo, el sistema entero se resiente. La dejadez es el acto de traición más silencioso contra el ciudadano que paga sus impuestos esperando, como mínimo, eficiencia.
Para medir el verdadero calibre de un funcionario público no se necesitan grandes auditorías ni revisar sus títulos universitarios colgados en la pared. Para saber la capacidad resolutiva de un funcionario, basta con observar su comportamiento y su actitud ante la población.
El ciudadano es el juez supremo de la gestión pública. El buen servidor público escucha, empatiza, da la cara y, sobre todo, resuelve. No se esconde detrás de un escritorio blindado por asistentes, ni despacha a la gente con un «vuelva mañana». Por el contrario, el funcionario inoperante refleja su incapacidad en su trato arrogante, en su mirada esquiva y en su afán de complicar lo simple para justificar su sueldo. La actitud frente al ciudadano vulnerable es el espejo del alma de cualquier servidor del Estado.
Lamentablemente, la historia política nos ha enseñado una dura lección: en todos los gobiernos, sin importar el partido o la ideología, siempre habrá sanguijuelas que empañen una gestión.
Hablamos de esos oportunistas que se adhieren al poder no para servir, sino para servirse. Individuos que no aportan soluciones, que no generan bienestar, pero que son expertos en aplaudir, en cobrar y en drenar los recursos que deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de la gente. Estas sanguijuelas institucionales son las responsables de destruir la confianza pública. Por culpa de sus inconductas y su arrogancia, muchas veces el liderazgo central termina pagando el precio político de una gestión que, de otro modo, podría haber sido brillante.
Por eso siempre hemos sostenido que la evaluación continua de los funcionarios públicos es indispensable para no lacerar al pueblo. Reconozco que siempre habrá personas mediocres en las instituciones estatales; pero jamás se puede permitir que esa mediocridad empañe la gestión de un presidente que, quizás, ascendió al poder con buenas intenciones y el deseo genuino de transformar el Estado. Esas piedras o troncos en el camino, que muchas veces le acompañan, son los que bloquean el avance y no permiten que el ciudadano visualice la verdadera misión del jefe de Estado.
No podemos evitar que las tormentas lleguen, y cuando lo hagan, necesitaremos funcionarios capaces de improvisar soluciones positivas para salvar el barco. Pero lo que sí podemos y debemos exigir es que los gobiernos tengan la valentía de sacudirse la dejadez y extirpar a esas sanguijuelas que solo restan.
El servicio público es un sacerdocio laico. Quien no tenga la capacidad resolutiva, la empatía y el respeto sagrado por el pueblo que lo puso allí, simplemente debe recoger sus cosas y darle paso a quienes sí están dispuestos a trabajar por la nación.
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